En Chile revelan abandono estatal hacia los pueblos indígenas

Cortesía Telesur.- Diferentes organizaciones sociales de Chile presentaron un informe al relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), José Francisco Calí Tzay, sobre la situación de los derechos de los pueblos originarios en el marco de la pandemia del coronavirus.

El informe fue elaborado por seis organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios, entre ellas, la comunidad indígena Yagán de Bahía de Mejillones, el consejo de pueblos Atacameños, la mesa de coordinación de pueblos originarios del Budi, la municipalidad de Saavedra, el observatorio ciudadano, y la plataforma política Mapuche, y se tiene como objetivo presentarlo en la asamblea general y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para ser debatido.

El documento revela las complejas condiciones de desigualdad que enfrentan las comunidades indígenas en Chile, y el abandono que han tenido por parte del estado durante la emergencia sanitaria producida por la Covid-19.

En ese sentido, se detalló sobre el riesgo de contagio con el coronavirus que tienen las comunidades originarias debido a la falta de atención médica y la implementación de protocolos sanitarios que garanticen la vida de las poblaciones.

Asimismo, aseguran en el estudio que los más afectados por el abandono estatal durante la emergencia sanitaria han sido el pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y la Región Metropolitana, así como la comunidad de Yagán de Puerto Williams.

“Algunas de las comunas de la Región Metropolitana con mayores contagios cuentan con altos porcentajes de población indígena, lo que hace crecer el grado de vulnerabilidad en dichas comunidades y debe llamar la atención del estado para una urgente y adecuada atención con pertinencia cultural” señala el informe.

Las organizaciones también denunciaron al Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, por la utilización de la policía para silenciar violentamente las exigencias de las comunidades indígenas.

“La criminalización y la intervención policial, no puede ser la respuesta de un Gobierno para enfrentar la pandemia. Muy por el contrario, se requiere de una coordinación y articulación, a través del diálogo, entre las medidas impuestas por el Gobierno y las prácticas y conocimientos tradicionales que desde mucho tiempo los pueblos indígenas han desarrollado e implementado en sus territorios” asegura la investigación.

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